huérfanos del condado donde reside la AIP. El solicitante debe incluir qué tipo de tutela se busca, información personal sobre la AIP, los tutores propuestos (si están identificados) y las partes interesadas. La petición también debe contener la razón por la que el solicitante busca la tutela de la AIP, información sobre cualquier documento de planeación anticipada existente, como un poder notarial, y qué intervenciones y alternativas se han intentado llevar a cabo antes de presentar la petición.
Para que una persona sea declarada como incapacitada, debe cumplir con ciertos criterios, incluido tener más de 18 años y no poder comprender y evaluar información o tomar y comunicar decisiones. El tribunal puede declarar a una persona totalmente incapacitada o incapacitada en áreas limitadas como tomar decisiones sobre sus bienes y dinero o su cuidado personal. La decisión del tribunal debe basarse en una evaluación médica, psicológica u otra evaluación hecha por expertos, así como en otra evidencia de la incapacidad del individuo para tomar decisiones.
Cuando se hace una petición formal de tutela, la AIP tiene ciertos derechos y protecciones según la ley. Estos incluyen el derecho a recibir notificaciones del proceso, ser representado/a por un abogado (aparte del solicitante o del abogado de cualquier otra parte interesada), tener una audiencia sobre la necesidad de la tutela, presentar pruebas y testigos, interrogar a los testigos, que la tutela sea adoptada únicamente bajo pruebas claras y convincentes, recibir notificaciones de las órdenes de tutela, y apelar la decisión del tribunal. xiv
Iodas las AIP tienen derecno a una representacion legal. A partir de junio de 2024, si no cuentan con abogado, éste deberá ser designado por la corte. Se espera que el abogado represente los deseos y anhelos de la AIP e identifique las alternativas menos restrictivas disponibles para satisfacer las necesidades de la AIP.
Puede ser aconsejable que el solicitante y cualquier otra parte interesada contrate a su propio abogado, ya que el proceso puede ser complejo y el resultado podría cambiarle la vida.
Un juez podría designar a un tutor ad litem (a veces únicamente identificado por las iniciales GAL), que es un abogado u otra persona calificada cuyo trabajo es actuar como investigador e informar lo que considere que es mejor para los intereses de la AIP. El papel del tutor ad litem es diferente al de un abogado que representa a la AIP, porque el tutor ad litem hace una evaluación neutral de la situación de la AIP y comparte sus recomendaciones con el tribunal, mientras que el abogado de la AIP debe representar sus deseos.
Antes de que pueda realizarse la audiencia de tutela, se deben completar varios pasos. Estos pasos incluyen, entre otros, programar la audiencia, notificar a la AIP y a todas las partes interesadas al menos veinte (20) días antes de la audiencia programada y notificar al tribunal por parte del solicitante al menos siete (7) días antes de la audiencia si, según su conocimiento, la AIP no ha contratado un abogado.