En situaciones en las que existe una amenaza inmediata al bienestar o la seguridad financiera de la persona, el tribunal puede nombrar un tutor por emergencia. Los tutores por emergencia de la persona se designan por no más de setenta y dos (72) horas, que el tribunal puede extender hasta veinte (20) días adicionales si es necesario. Los tutores por emergencia del patrimonio se designan por no más de treinta (30) días. Las tutelas a largo plazo, a veces llamadas tutelas definitivas o permanentes, se nombran por tiempo indefinido.
El tribunal puede determinar que un individuo puede tomar sus propias decisiones en algunas áreas de su vida, pero no en otras. En estas situaciones, una tutela limitada podría ser apropiada. Cuando se ordena una tutela limitada, el decreto final del tribunal indicará exactamente qué derechos y responsabilidades de toma de decisiones se han asignado al tutor, así como cualquier restricción. Se pueden ordenar tutelas limitadas para los tutores de la persona, del patrimonio o de ambos, y permitir que la persona bajo tutela conserve tantos derechos y libertades como sea posible.
Las tutelas plenarias, a veces llamadas tutelas completas, delegan en el tutor todos los derechos de toma de decisiones permitidos por la ley. Debido a que estas tutelas quitan tantos derechos fundamentales a las IP, las tutelas plenarias solamente deben considerarse si no existen alternativas adecuadas menos restrictivas. Los tutores tienen el deber de aumentar al máximo la independencia del IP, y deben solicitar al tribunal que se modifique o finalice la tutela en caso de que cambien las necesidades y capacidades del IP.
La tutela le quita muchos derechos y libertades a un individuo, y solamente debe plantearse después de que se hayan considerado todas las alternativas menos restrictivas y que no se satisfagan las necesidades de las personas bajo tutela. Hay muchas maneras de abordar las necesidades de las personas que tal vez no sean capaces de tomar ciertas decisiones por sí mismas y al mismo tiempo ayudarlas a seguir siendo independientes. Después de que se establece una tutela, es responsabilidad del tutor solicitar al tribunal que limite o anule la tutela si una alternativa menos restrictiva como las que se enumeran a continuación sería apropiada, en caso de que la capacidad de toma de decisiones o la enfermedad de la IP mejoren.
La toma de decisiones respaldadas es un procedimiento que permite a la IP tomar sus propias decisiones después de consultar con apoyos de confianza. Estos apoyos pueden ayudar a la IP a comprender la decisión que debe tomar y brindarle orientación sobre sus opciones, pero, en última instancia, la IP es quien toma la decisión. La toma de decisiones con respaldo se puede utilizar en lugar de la tutela o como parte de una tutela, cuando corresponda, para garantizar que la persona bajo tutela participe lo más posible en la toma de decisiones.